Carta abierta
Educación, jóvenes y desarrollo sostenible de la ruralidad: ocho estrategias para la recuperación económica del Ecuador
La ruralidad es un territorio diverso, en el que vive población mestiza, indígena, afro ecuatoriana, montubia, en articulación con lo local, nacional, regional. Lo rural no es sinónimo de lo agrario, en lo rural se conjugan formas productivas capitalistas patronales, familiares campesinos, de servicios, tecnológicas. En el territorio rural convergen culturas, saberes, conocimientos, experiencias. Es un espacio en resistencia frente a la insuficiencia de políticas que le permitan fortalecerse en sus propias dinámicas.
AVSF – Proyecto Jóvenes Rurales.
La pandemia causada por el Covid 19 ha puesto un reflector sobre las brechas y desigualdades que afectan a la mayoría de la población en Ecuador, las cuales se han ampliado y profundizado. La pobreza extrema en zonas rurales, entre 2019 y 2020 pasó de 18,7% al 27,5% (INEC, 2020), y afecta de manera particular las y los jóvenes (Estévez, 2017). La población joven en el Ecuador constituye más de 3 millones de habitantes, de los cuales 1.5 millones viven en territorios rurales. A pesar de su gran potencial político y económico es la población que presenta mayor vulnerabilidad, el 20% de jóvenes entre 15 y 24 años ni estudia, ni trabaja. Las condiciones de este último grupo no sólo representan un panorama poco prometedor en cuanto a expectativas laborales sino también un factor negativo para la reactivación económica que requiere el país.
En cuanto a la educación en el 2019 más del 12% de la población en edad escolar estaba fuera del sistema educativo, el 15% de adolescentes y jóvenes no asistían a un establecimiento educativo, y solo el 55% de los/las jóvenes culminaban la secundaria (MINEDUC, 2021). Esta situación en el contexto de la pandemia se ha profundizado. Se estima que al menos 90.000 estudiantes no han podido continuar con su educación y en el área rural el 43% dejó los estudios por no tener acceso a la tecnología. (Unicef, 2020). La garantía del derecho a la educación ha pasado ser una responsabilidad de las familias.
Pese a esta situación, el sector rural es una fuente de oportunidades, después del petróleo el sector agroindustrial y agropecuario es el más importante generador de divisas. Actualmente cubre el 65% de la demanda interna de alimentos; genera empleo al 22% población económicamente activa (PEA), aporta cerca del 9% de la economía total del país. (BCE, 2018).
La pandemia ha mostrado que el impulso y apoyo al desarrollo sostenible e inclusivo de la ruralidad y el sector agropecuario; la preparación y el empoderamiento de las y los jóvenes; y el renovado impulso a la educación, en especial la educación técnica y profesional son prioridades en la agenda de política pública para la recuperación económica del país y la garantía de derechos de la población, en particular, a la educación, la salud, la alimentación, la información y el empleo decente.
En este escenario, la educación técnica y profesional se reafirma como una alternativa de calidad para la preparación para el trabajo y el empleo decente de las y los jóvenes; como una estrategia para la reactivación de la economía en la ruralidad, incluyendo a la Agricultura Familiar Campesina y otras formas productivas comunitarias; como una vía que aporta de modo directo a la recuperación económica del país; al mejoramiento de la calidad de vida y del ejercicio de la ciudadanía. Hoy más que nunca “el ámbito de la formación y educación técnico-profesional es un espacio donde se vinculan más directamente los desafíos de educación, de trabajo y de desarrollo productivo de los países.” (CEPAL, 2019).
En este contexto la RRED propone ocho estrategias clave para una agenda de gobierno que impulse el desarrollo inclusivo:
- Un proyecto educativo nacional que responda a la urgencia de recuperación económica del país y a la prioridad de preparar a la juventud para la vida, el ejercicio ciudadano, el trabajo, la generación de emprendimientos y el empleo digno
- Posicionamiento de la educación técnica y profesional como una prioridad para apoyar el desarrollo sostenible de los territorios rurarles;
- Valoración de las y los jóvenes como actores en la ruralidad y su derecho humano a una educación de calidad
- Aprovechamiento y continuidad de los esfuerzos de planificación avanzados como insumos de la política pública en el nuevo periodo gubernamental
- Incremento eficiente del presupuesto para la educación técnica y la formación profesional
- Diseñar estrategias intersectoriales que aseguren el acceso y la continuidad de los estudios superiores eliminando cualquier tipo de barreras, como: cupos de ingreso, becas, internet gratuito, etc.
- Implementar una política sostenida de formación y desarrollo profesional de docentes que conecten los currículos y prácticas pedagógicas con el territorio y los proyectos de vida de las y los jóvenes
- Articular los actores del desarrollo en los territorios rurales, la educación técnica y profesional conectando el nivel nacional con el territorio e involucrando activamente al sector gubernamental y no gubernamental; universidades, sector productivo, gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones sociales, etc.
Planteamos al país, al nuevo Gobierno, en especial a sus ministerios de Educación, Agricultura, Trabajo, Inclusión, Turismo, Cultura, al Sistema Nacional de Educación (MinEduc, Senescyt, Setec), a las autoridades de los GAD, a las organizaciones sociales y actores involucrados, que tenemos la oportunidad de repensar el desarrollo desde la perspectiva de inclusión, igualdad y justicia social colocando a la ruralidad y a la educación de las y los jóvenes como una de las prioridades de la agenda de política pública.
¡Es una oportunidad y un compromiso ético imprescindible por un Ecuador inclusivo que garantiza los derechos humanos!
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